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Informe sobre Bolivia

diumenge, 2 de juliol de 2006 17:00

Francisco Fernández Buey

La Paz y Barcelona, abril de 2006

 

Durante los días 13 y 14 de abril ha tenido lugar en La Paz un seminario internacional bajo el título de “Una Constitución para el cambio en Bolivia. Perspectivas multiculturales y multinacionales”. Organizado por la Vicepresidencia de la República, la Fundación Europa de los Ciudadanos (España), el Centro de Estudios Políticos y Sociales (España), el Laboratorio de Políticas de la Universidad de Río de Janeiro (Brasil) y otras entidades universitarias bolivianas, participaron en este seminario profesores y analistas políticos latino-americanos (Álvaro García Linera, Luis Tapia, Anibal Quijano, Pablo Dávalos, Gerardo Caetano y Emir Sader) y españoles (Pedro Chaves, Roberto Viciano, Miquel Caminal y yo mismo). Estaba invitado también el analista portugués, teórico de la democracia participativa, Boaventura da Sousa Santos, que a última hora no pudo trasladarse a La Paz por problemas familiares.

 

Este encuentro internacional ha coincidido en el tiempo con otros varios sucesos que conviene mencionar aquí para que el lector se haga una idea del contexto: la visita de Evo Morales a Cochabamba, que ha puesto de manifiesto el predicamento del presidente entre los indígenas, campesinos y trabajadores en general; el secuestro temporal de tres ministros de su gobierno en Puerto Suárez, una localidad fronteriza con Brasil y una huelga de transportistas que ha afectado a parte del país, hechos que revelan la existencia de intereses corporativos en conflicto con el actual proyecto de gubernamental; el reciente anuncio público de que la magistratura del país admite por fin a trámite denuncias por corrupción contra los tres primeros mandatarios anteriores, lo que, a pesar del choque inicial de Evo Morales con el poder judicial, refuerza las razones que tuvieron los integrantes de los distintos movimientos sociales para rebelarse contra el sistema político tradicional; y el inicio del debate público sobre las formas de representación y los objetivos del proceso constituyente, piedra de toque para comprobar el tipo de relaciones existente entre el gobierno y los movimientos rebeldes que contribuyeron de una forma decisiva al triunfo de Evo Morales en las últimas elecciones.

 

 Lo visto allí, dentro y fuera del Seminario, en la Universidad de San Andrés, en las calles de la Paz, en el abigarrado y populoso mercado dominical de El Alto y en los medios de comunicación, permite  hacerse una primera idea, desde luego parcial, limitada y fragmentaria, de la situación del país, de las expectativas que en Bolivia ha levantado el proyecto evista y de los problemas que éste va a tener que afrontar en los próximos tiempos.

 

Cabe destacar, en primer lugar, que las expectativas levantadas por la victoria de Evo Morales en las últimas elecciones no afectan sólo a la mayoría de la población de Bolivia, hoy por hoy uno de los países más empobrecidos de América Latina, sino a la ciudadanía de toda América del Sur. Así lo manifestaron reiteradamente durante el encuentro internacional en La Paz los asistentes al mismo, procedentes de Perú, Ecuador, Uruguay y Brasil. Pueblos indígenas, campesinos cocaleros, trabajadores urbanos, sindicalistas de nuevo cuño, estudiantes y muchísimos ciudadanos que en estos países han sido tratados durante décadas como simples súbditos tienen hoy los ojos puestos en el proyecto del MAS liderado por Evo Morales. Y esperan mucho de la evolución positiva de este proyecto. Tanto es así que la frase más repetida durante el Encuentro en La Paz ha sido esta: “En  Bolivia se está jugando el futuro de gran parte de América Latina”.

 

No es ésta una frase ritual de las que se pronuncian en los congresos por cortesía o para captar la benevolencia de los oyentes. Es bastante más que eso, pues del proyecto de Evo Morales esperan mucho, efectivamente, no sólo los sectores sociales que he mencionado y trabajadores que viven muy precariamente de la economía familiar o los varios cientos de miles de bolivianos que, en las últimas décadas, se vieron forzados a emigrar a Argentina, España o los Estados Unidos de Norteamérica, sino también muchísimos otros latinoamericanos que en los últimos tiempos vienen manifestándose contra los efectos de los políticas neoliberales y contra el ALCA, luchando por la recuperación de los recursos naturales e intentando dar un sentido concreto a las palabras dignidad y soberanía en un mundo en el que casi todo está intervenido en nombre de una libertad única, la proclamada libertad del gran mercado que convierte en simples siervos a tantas gentes.

 

En estos próximos meses de 2006 la Bolivia de Evo Morales tendrá que hacer frente a dos grandes asuntos que estaban ya en el programa electoral del MAS: la nacionalización de los principales recursos energéticos del país y la configuración de una Asamblea Constituyente que concluirá en la redacción de una nueva Constitución. En su intervención en las sesiones del Seminario de La Paz, el vicepresidente del gobierno boliviano, Álvaro García Linera, avanzó ya algunos de los principios y criterios que orientarán la política gubernamental: habrá nacionalizaciones sin expropiación y se tenderá a la constitución de un Estado multinacional que ponga fin a la exclusión secular de las naciones indias.

 

Por lo que yo sé, esta es la primera vez en la historia de América Latina en que se abordan conjunta y simultáneamente, y además desde el punto de vista de los de abajo, los dos grandes problemas de aquel mundo: el problema económico-social (marcado por las desigualdades y la existencia de importantes franjas de pobreza) y el problema nacional, o sea, la articulación alternativa, con criterios igualitarios y solidarios, de las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas. El hecho de que Evo Morales haya sido al mismo tiempo un dirigente cocalero con experiencia sindical y un aymara perteneciente a la cultura hoy mayoritaria en el país, pero tradicionalmente minorizada o excluida de la esfera pública, tiene mucho que ver con esta novedad histórica. Pero, aún así, siendo este hecho importante, no es lo determinante del proceso en curso.

 

Lo determinante en el proceso boliviano ha sido la gran movilización socio-política y socio-cultural que ha tenido lugar en el país en los últimos tiempos, la conjunción de las reivindicaciones de sectores sociales y étnicos muy heterogéneos que se expresaron en varias “marchas” y “bloqueos”, en los que participaron indígenas, campesinos pobres, trabajadores de la economía informal, amas de casa con conciencia de nuevo papel de la mujer, medio-ambientalistas con conciencia social y sindicalistas de nuevo cuño, y que, por fin, confluyeron en un programa alternativo y razonable del que Evo Morales resultó portavoz principal. Fue la protesta y la presión de amplísimos sectores sociales, en una sociedad tan abigarrada como corroída por la corrupción, lo que puso fin a la hegemonía de los partidos políticos tradicionales y lo que ha dado al MAS y a Evo Morales la oportunidad de cambiar de abajo a arriba las relaciones socio-culturales y la forma de hacer política imperante durante décadas. Lo que empieza a llamarse evismo es una consecuencia de esto. Y por ello el proceso boliviano no puede ser identificado en absoluto con otros procesos latino-americanos próximos a lo que Antonio Gramsci llamaba, allá por los años treinta del siglo pasado, cesarismo progresivo o al caudillismo.

 

Para argumentar lo que digo bastará con un ejemplo. Para un europeo una de las cosas más llamativas y a la vez fascinantes del encuentro internacional mencionado, ponencias o comunicaciones aparte, no fue sólo la alta participación de personas interesadas (en días festivos y con la Universidad de San Andrés cerrada), sino el tipo de participación de los asistentes al mismo: la claridad y precisión con que un porcentaje notabilísimo de los presentes formularon sus demandas, preguntas y propuestas sobre nacionalizaciones, sobre multiculturalidad y multiculturalismo, sobre las distintas versiones del nacionalismo y del federalismo en el mundo actual y sobre la relación entre las reivindicaciones socio-económicas, nuevo indigenismo y la cuestión nacional.

 

La claridad y precisión con que se expresan tantas personas acerca de asuntos muy controvertidos en Europa tiene que entenderse como una consecuencia positiva de la participación activa, masiva y consciente en un amplio movimiento socio-político cuyo carácter asambleario y deliberativo todos reconocen y alaban. Y esto está teniendo su reflejo también en la forma que han tomando las demandas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales en el proceso constituyente boliviano. De hecho, la reivindicación de una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución política del estado boliviano viene de lejos: se remonta a la marcha por la dignidad, la tierra y el territorio, organizada por  los indígenas de la zona oriental del país en 1990.

 

De manera que, como ha subrayado el sociólogo y politólogo boliviano Luis Tapia, uno de los problemas más serios que va a tener que afrontar el evismo ahora es el de la articulación de las reivindicaciones y exigencias de este amplio y heterogéneo movimiento social con las actuaciones gubernamentales, tanto en el ámbito de las representaciones en la asamblea constituyente como en lo que  hace a las medidas socio-económicas necesarias para impulsar el cambio. En este sentido el principal riesgo que hay que superar, según los analistas que han apoyado el proceso en su conjunto pero que no están necesariamente integrados en el MAS, es la fractura que se puede producir entre la administración gubernamental y algunos de los movimientos sociales más activos en las “marchas” y “bloqueos” que encumbraron a Evo Morales. Se ha de tener en cuenta que la Constituyente en formación habrá de estar formada por 255 personas, una parte de las cuales habrán de ser representantes de los Departamentos pero de la que no podrán formar  parte las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; que la elección de los representantes tendrá que estar finalizada dentro de dos meses y que los trabajos de la Asamblea tendrán que estar concluidos en menos de un año. Todo esto quiere decir que el proceso por el cual los ciudadanos han de elegir a los constituyentes coincidirá en el tiempo con la entrada en vigor de los primeros decretos sobre nacionalizaciones de los principales recursos del país.

 

Si el gobierno de Evo Morales y los movimientos indígenas y socio-políticos que le apoyan logran superar esa fractura potencial y bordear al mismo tiempo las injerencias de la Compañía del Gran Poder y los intentos de desestabilización de las fuerzas socio-políticas tradicionales y corporativas (otro de los grandes problemas del momento), la Constitución que se perfila en Bolivia tendrá mucho de novedad histórica no sólo en el contexto latino-americano, sino incluso cuando se la evalúe con los acostumbrados criterios del análisis político europeo, mayormente liberales. Pues lo que está apuntando ahí, en las demandas escritas de los movimientos que apoyan el proyecto de Evo Morales, es una república social y democrática de derecho, plural, participativa y representativa como no hay otra conocida hasta ahora.

 

No exagero. Ninguna otra carta magna combina y compone como esta, en proyecto, la fraternidad republicana en el tratamiento de las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas con la intención medio-ambientalista al abordar las contradicciones y ambigüedades del llamado desarrollo económico y con el respeto recíproco, en el plano jurídico-político, a los usos y costumbres de los distintos pueblos indígenas y de la sociedad civil en general.

 

Bolivia se perfila en este proyecto como un estado pluricultural, plurinacional y multiétnico que parte del reconocimiento de la igualdad entre culturas y se propone promover la diversidad cultural y la interculturalidad. Se afirma el derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones originarias y se aspira a una soberanía nacional compartida, esto es, al reconocimiento de facto de que la soberanía nacional se compone de soberanías múltiples. Esto se concreta en el reconocimiento como idiomas oficiales del castellano, el aymará, el quechua, el guaraní y los otros idiomas de los pueblos indígenas. Se mantiene la compatibilidad entre estado pluricultural y plurinacional con lo que habitualmente se llama estado social y democrático de derecho y con un sistema de economía social mixta que se basará en cuatro pilares: la soberanía nacional sobre los recursos en general, la obligada consulta a los pueblos indígenas sobre el uso de los recursos existentes en sus territorios, la redistribución de lo producido y el respeto medioambiental.

 

Importancia particular tienen, en este proyecto, la protección del derecho a la tenencia de la tierra de quienes la trabajan; la consideración de los latifundios como contrarios al interés general; la declaración de que el agua es un bien de interés general, no mercantilizable; la propuesta de un sistema de educación básica que, además de ser gratuita obligatoria, habrá de ser intercultural y plurilingüe; y la propuesta de que la representación de los pueblos indígenas ante el estado sea dual, con lo que se intenta complementar o componer la representación indirecta, característica de los sistemas parlamentarios, con el reconocimiento de los usos y costumbres tradicionales de los distintos pueblos indígenas en cuestiones como la deliberación, la participación y la toma de decisiones.

 

Obviamente, componer o hacer compatibles en la práctica un estado que se quiere multiétnico y multinacional con un sistema de economía mixta y con un sistema de representación política, también mixto, de individuos y colectividades heterogéneas, en las que se superponen lo premoderno, lo moderno y los posmoderno, por así decirlo, va a suponer una tarea ímproba para los dirigentes y para los movimientos sociales que les apoyan. Para empezar no es nada fácil encontrar en los diccionarios del pensamiento político más manejados en nuestro mundo los términos y nociones apropiadas para dar cuenta, con precisión, de lo que puede llegar a ser una composición de este tipo.

 

Es natural que, en lo que a esto respecta, hayan surgido ya diferencias de nota en el ámbito de la teoría social con implicaciones prácticas. García Linera, por ejemplo, ha caracterizado esta composición, esta hibridez, con expresiones que podrían ser resumidas así: “capitalismo andino-amazónico en un estado multicultural”. De este modo se pretende subrayar dos cosas. Una: que en las circunstancias históricas de Bolivia se está en una fase previa al socialismo, en la que las economías familiares y las comunidades indígenas siguen teniendo un peso decisivo en el conjunto. Y dos: que, recogiendo el sentir mayoritario de los movimientos sociales, se está dispuesto a acabar con el mono-culturalismo que de hecho ha hegemonizado país durante siglos en el ámbito político.

 

Más allá de la pertinencia teórica de tales expresiones, que, como digo, son objeto de discusión ahora y que sería pretencioso juzgar sin un conocimiento detallado de la historia y de las instituciones económico-sociales de Bolivia, hay algo en ellas que se puede observar. Estas expresiones (y aún más la orientación general de los principios constitucionales) son, sin duda, la composición o complementación, en el ámbito de la teoría, de dos experiencias político-sociales paralelas, pero bastante distintas, que ahora confluyen en el gobierno boliviano: la de Evo Morales, tan ligada al nuevo indigenismo como al nuevo sindicalismo, y la del propio García Linera, quien en una entrevista reciente se presentaba como marxista “clásico” y cuyo pensamiento, en términos europeos, se podría caracterizar como marxista “crítico” o neomarxista, buen conocedor tanto de los textos de Marx generalmente olvidados por la vulgata (sus reflexiones sobre la comuna rural rusa, sus apuntes etnológicos, sus notas de antropología, etc.) y de la sociología de Bourdieu como de los debates que sobre interculturalidad y multiculturalismo han tenido lugar en la Europa de las últimas décadas.

 

Si este proyecto de Estado multicultural, que se quiere uno y diverso, que nace del reconocimiento del valor de la diversidad para la vida pública en común, sale adelante, los descendientes de los colonizadores europeos aún tendremos ocasión de contemplar algo original, algo que no pudieron (ni quisieron) contemplar los ilustrados: cómo la soberanía estatal sobre los recursos naturales es compatible con el reconocimiento de soberanías múltiples y con el pluralismo político; cómo el fomento de las lenguas aymará y quechua es compatible con el uso no hegemónico del castellano; cómo el reconocimiento de los ayllus y la potenciación de la economía comunitaria y de otras formas de economía familiar es compatible, en un sistema de economía social mixta, con lo que llamamos desarrollo sostenible y con la distribución equitativa de la riqueza.

 

Para que los más lleguemos a ver eso, que sin duda valdrá la pena, también España y la Unión Europea habrían de poner su granito de arena. En principio no se nos exige mucho. Simplemente no poner zancadillas al proceso jurídico-político que conduciría al reconocimiento constitucional de un Estado pluricultural, plurinacional y multiétnico y facilitar a los bolivianos el usufructo público y soberano de sus principales recursos. O sea: más o menos, dar forma, nueva forma, al viejo grito de Bartolomé de las Casas a favor del respeto y la restitución. Esto es lo que parece estar diciendo el sentido común. Que no es precisamente lo que viene diciendo la derecha neo-liberal española, tan conservadora de intereses propios como defensora, aún, de una historia indefendible. Como muestra de este otro “pensamiento armado”, al que el proyecto boliviano en curso habrá de hacer frente, valga el siguiente botón (tomado de la aznariana “libertad digital”):

Triste destino le espera a Bolivia si logran imponerse los representantes de lo peor de la sociedad boliviana, tan pavorosamente ignorantes de lo que significa la civilización y de cómo se crea riqueza y bienestar que se atreven, como Evo Morales, a exigir [...] que los españoles compensen a Bolivia por "los daños que han hecho durante 500 años". Huelga decir que el mal que haya podido causar España a Iberoamérica ya quedó ampliamente compensado con la transfusión de la lengua, la cultura y la civilización occidental a unos pueblos que, como los indígenas bolivianos, pasaron de vivir como esclavos bajo el feudalismo comunista de los incas o de los aztecas a ser súbditos del rey de España en plano de igualdad con los españoles. Es una lástima que nunca nadie pida cuentas a individuos como Evo Morales o Felipe Quispe por sumir a Iberoamérica en la pobreza, en el aislamiento y en la falta de libertades. Triste destino el de un continente que, con las excepciones de Chile y Colombia –que lucha desesperadamente por erradicar su cuota de narcomarxismo–  parece dirigirse una vez más hacia el abismo.