Proposta de resolucó plantejada pel Grup Parlamentari d'IU-ICV al final de l'últim debat "sobre el Estado de la Nación" 2006.


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN con motivo del Debate de Política General sobre el Estado de la Nación,

Propuesta de Resolución nº  

Relativa a la política de inmigración y a los Españoles residentes en el Exterior

I.                     Inmigración

A pesar existen múltiples prioridades en materia de inmigración, nos centraremos en dos aspectos que para IU-ICV son prioritarios. Se trata, por un lado, de replantear el carácter represivo de las políticas migratorias que está llevando a cabo el Gobierno y, por otro, de impulsar decididamente la participación política de las personas inmigrantes.

En primer lugar, hay que volver a insistir en que la Ley Orgánica 14/2003, que supuestamente regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, resulta ya insostenible. Ninguna normalización duradera es posible con una norma que de hecho pone obstáculos a la entrada legal, que niega derechos fundamentales de las personas -singularmente de los trabajadores y trabajadoras- y que, además, establece procedimientos discriminatorios para los extranjeros no pertenecientes a la UE, permite el acceso policial al padrón municipal sin control judicial, pone en manos de las compañías privadas de transportes controles de entrada que corresponden al Estado –lesionando el Derecho de Asilo-, permite procedimientos sumarios para las expulsiones, pone trabas al reagrupamiento familiar, y elude, entre otras omisiones, la realidad hoy muy presente de los “inexpulsables”.

En segundo lugar, volver a señalar la insuficiencia de procesos coyunturales y esporádicos, como el reciente de “normalización”, que dio solución, efectivamente, a un número importante de personas en situación irregular, pero, como es conocido, dejó al margen a miles de ellas (familiares que no contaran con un contrato de trabajo, autónomos, etc.), cuyo número se ve engrosado permanentemente por los obstáculos, a veces insalvables, que la Ley y el Reglamento imponen en las renovaciones.

Por lo que respecta a un tema de dramática actualidad, como es la inmigración procedente de algunos países del Africa subsahariana, cabe  destacar que las noticias que nos llegan día a día de las costas Canarias, además del tremendo coste en vidas y sufrimientos, son la evidencia más constatable del fracaso de políticas migratorias basadas exclusivamente en medidas represivas, con el objetivo de una “Europa fortaleza”, que están teniendo resultados nefastos.

 Estamos hablando del blindaje, subcontratación y militarización de fronteras (con construcción de muros, fosos, reforzamiento con instrumentos gravemente lesivos como la Sirga tridimensional…), de expulsiones sumarias e ilegales en muchos casos, de vulneración del derecho de Asilo, etc., como denuncian reiteradamente organizaciones como Amnistía Internacional, MSF o SOS Racismo, entre otras. Lo cual ha llevado, además, al uso de rutas cada vez más peligrosas, incrementando el nº de muertes. Las nuevas medidas que se anuncian, con la cooperación de otros nueve países de la UE, resultan aún más inquietantes, por cuanto suponen no ya el blindaje de las fronteras europeas sino un cerco a terceros países de la costa africana, para impedir la salida desde ellos, vulnerando ya abiertamente el derecho de toda persona –reconocido en la Declaración Universal de los DD.HH.- a salir de su país, no solo buscando su propia supervivencia sino también el acceso a una vida más digna.

En definitiva, y valorando la eficacia de estas acciones en contraposición al coste en vidas humanas y en degradación de los Convenios internacionales y del propio Estado de derecho, debemos solicitar al Gobierno que no adopte más medidas de manera precipitada, que aprenda de sus errores y que adopte un compromiso firme que nos permita replantear en positivo el modelo migratorio español.

Respecto a los derechos de participación política de las personas inmigrantes, en marzo de 2006 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad y a instancias del Grupo Parlamentario de IU-ICV una Proposición no de Ley para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros en España en los términos que se establece el artículo 13.2 de la Constitución Española, comprometiéndose a estudiar las medidas necesarias para favorecer la integración social de los inmigrantes de larga duración en el ámbito de la participación política.

En esta línea y conforme al espíritu de extender el derecho al sufragio activo y pasivo de cualquier persona residente, cabe destacar que existen unos convenios suscritos para el reconocimiento del derecho al sufragio con Argentina (1988), Chile (1990) y Uruguay (1992) que todavía no han sido ratificados, ni regulados posteriormente, hecho por el cual no se han desarrollado ni aplicado.

Además, existen numerosos estados (fuera del marco europeo y en ausencia de un tratado de reciprocidad) donde los ciudadanos españoles que residen ya gozan de derechos políticos (en algunos Estados activo, y en otros activo y pasivo) aún cuando el estado español no le reconoce a los ciudadanos de esos mismos estados un derecho similar en España.

Es decir, hay un desequilibrio en cuanto al goce del derecho, dado que el requisito de la reciprocidad que reclama el art. 13.2 de la Constitución del Estado Español  es incumplido frente a los Estados que -de hecho, y sin haber esperado a un Tratado- ya le conceden el derecho a los españoles que allí residen.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.      Replantear el actual modelo migratorio español, procediendo en primer lugar,  con carácter urgente, a la derogación de los artículos 7, 8, 9, 11, 66 y Disposición Adicional Quinta (pendientes de recurso ante el Tribunal Constitucional)  de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, abriendo de inmediato el proceso de elaboración de una verdadera Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que derogue la actualmente en vigor.

2.      Llevar a cabo las modificaciones normativas y constitucionales necesarias para reconocer el derecho de sufragio -activo y pasivo- a los nacionales de países no comunitarios, tras estancia legal de tres años o con permiso de residencia permanente, teniendo en cuenta la insuficiencia del sistema de “reciprocidad”, pues a quienes proceden de países no democráticos les condenamos a no poder votar nunca en España. En lo inmediato, que se lleve a cabo la firma y ratificación de convenios con aquellos países donde exista esta posibilidad, a fin de que sus nacionales residentes en el Estado español puedan ejercer el derecho a voto activo y pasivo en las próximas elecciones municipales de mayo del 2007.

3.      Establecer un sistema de garantías plenas en todo lo relativo al proceso de acogida, información sobre asilo y refugio, traslados y repatriaciones, poniendo en marcha, a la vez, medidas que impidan la masificación y el hacinamiento, así como la alarma en las poblaciones afectadas. Renunciar a la utilización del ejército ante lo que es un problema  estrictamente humanitario.

4.      Revocar las órdenes de expulsión no ejecutables, facilitando las debidas cédulas de inscripción

5.      Cese de inmediato la devolución de menores no acompañados –especialmente a Marruecos-, sin las mínimas garantías de respeto a ser oídos, a su integridad y a todos los derechos que las leyes y los Convenios Internacionales les otorgan.

6.      Medidas ayuda y de cooperación al desarrollo hacia los países que sufren la sangría de la emigración, con un riguroso control del destino de las mismas, para garantizar que atienden a las necesidades de la población, y en ningún caso ligadas a convenios o acuerdos de repatriación u otros intereses.